ANEXO 1 

 

 
 
 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 

Informe OO3-CIII-2021-UINV-INAMU 
 

Afectaciones del COVID-19 en la vida de las mujeres en  
Costa Rica 

 
 
 
 
 
 
 

Marzo, 2021 
 
 
 
 
 

DOC-COVID19-INAMU-UINV-2021 
 



 

Introducción 

Para implementar un abordaje riguroso y cercano a las necesidades y requerimientos de las mujeres en su 

diversidad producto de la pandemia del COVID-19, es fundamental asegurar la disponibilidad de datos 

desagregados por sexo y el análisis de género, tomando en cuenta el impacto diferenciado a nivel 

económico y social, la carga del trabajo doméstico y de cuidados, la incidencia de violencia doméstica, 

entre otras variables que resulten indispensable para conocer las afectaciones particulares de las mujeres 

(ONU Mujeres, 2020a). 

Entre los impactos colaterales de esta crisis se visualiza el inminente debilitamiento de la Agenda de 

Género a nivel global, lo cual impactaría y retrasaría el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

N° 5 sobre Igualdad de Género, dificultando así la tarea de estrechar las brechas entre mujeres y hombres 

que ya de por sí suele considerarse un tema secundario y poco relevante dentro de las agendas políticas. 

Por tal motivo, esta crisis resulta una oportunidad para incorporar el enfoque de género en el abordaje 

mismo de la crisis (Solanas, 2020), aplicando el principio de igualdad y no discriminación, y garantizando 

todos los derechos contemplados en los distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales 

sobre derechos humanos. 

Con la finalidad de que las demandas que las mujeres han externado al Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU) durante la crisis sanitaria sean tomadas en cuenta dentro del Plan Nacional de Atención de la 

Emergencia y demás iniciativas institucionales, desde la Unidad de Investigación del Departamento 

Especializado de Información se procedió con la tarea de identificar, sistematizar y analizar las afectaciones 

directas e indirectas que las mujeres están afrontando producto de la pandemia por COVID-19. 

El presente informe se elaboró con base en información suministrada por diferentes dependencias del 

INAMU encargadas de brindar atención directa a mujeres que forman parte de los programas y servicios 

institucionales, o que se acercaron para obtener orientación e información en el contexto de la emergencia 

nacional. Se obtuvo información procedente de distintas fuentes; entre ellas se cuenta con información 

de 607 mujeres que respondieron una entrevista telefónica sobre las afectaciones particulares que 

enfrentan en su condición de empresarias y emprendedoras; 225 mujeres que completaron un formulario 

facilitado por las Unidades Regionales del INAMU sobre las necesidades que les resultan prioritarias en 

estos momentos; diagnóstico sobre la afectación particular de las mujeres afrodescendientes, aplicado vía 

telefónica a 166 mujeres entre el 2 de junio y el 23 de julio de 2020, por las funcionarias de la Unidad 

Regional Huetar Caribe; muestra de 356 mujeres que brindaron información a través del Facebook 

institucional sobre sus necesidades más apremiantes; también se analiza información sobre las 

afectaciones que reportan 38 organizaciones, entre ellas organizaciones productivas de mujeres y 

organizaciones para la defensa de derechos, estos datos se recolectaron entre el 2 y el 21 de mayo de 

2020. Así también, se incluye información referente a las afectaciones de 145 mujeres emprendedoras y/o 

empresarias, recopilada mediante una encuesta electrónica por el Departamento de Gestión de Políticas 

Públicas, entre el 30 de junio y el 12 de julio de 2020.  

Aunado a ello, se utilizaron datos provenientes del Informe Semanal de Personas Usuarias de los Servicios 

Institucionales elaborado por la Dirección General de Áreas Estratégicas del INAMU; específicamente se 

analizaron los datos recolectados del 16 de marzo al 20 de noviembre de 2020. Además, se retoma 



 

información producida por el Foro Nacional de Mujeres Indígenas liderado por el Departamento de 

Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local del INAMU sobre la prioridad de demandas de las lideresas 

Indígenas frente al COVID-19, documento elaborado a partir de una consulta telefónica realizada a 9 

mujeres indígenas, de Amubri, Zapatón, KéKöldi, Palenque Margarita, Sibujú, Quitirrisí, Boruca, Altos de 

San Antonio, y Watsi.  

Durante los meses de julio y agosto de 2020 se llevó a cabo un proceso de consulta dirigido a profesionales 

que laboran en los diferentes servicios institucionales, para conocer las principales afectaciones que han 

enfrentado las usuarias de los servicios a raíz de las medidas sanitarias y económicas tomadas por el 

Gobierno para hacer frente a la pandemia por COVID- 19. Se cuenta con información suministrada por los 

tres Centros Especializados de Atención y Albergue a Mujeres (CEAAM), el Centro de Información y 

Orientación (CIO), la Delegación de la Mujer, y las Unidades Regionales Pacífico Central y Huetar Norte.  

Con el fin de profundizar en el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres en su diversidad, a partir 

del mes de diciembre de 2020 hasta marzo de 2021 se llevó a cabo un proceso de consulta a grupos 

específicos de mujeres desde distintos departamentos del INAMU, a través de entrevistas y grupos focales 

implementados por medios virtuales y telefónicos, de acuerdo a la disponibilidad y condiciones de las 

mujeres. Se recopiló información relacionada con las vivencias de 285 mujeres, dentro de las cuales se 

encuentran mujeres rurales de Siquirres, Esparza, San Carlos, Turrialba, Cartago, Oreamuno, Paquera, 

Pérez Zeledón, San Ramón, los Chiles, Venecia, Horquetas de Sarapiquí, la Palmera, Upala y Aguas Zarcas; 

trabajadoras domésticas que habitan en el Gran Área Metropolitana; mujeres empresarias de la Región 

Brunca; así como mujeres en condiciones de pobreza que habitan en las regiones Caribe, Pacífico Central, 

Chorotega, Brunca y Huetar Norte; lideresas comunitarias, sindicalistas y organizadas de la Región Central; 

mujeres jóvenes de la Región Huetar Norte; mujeres con discapacidad que viven en Puntarenas, San José 

centro, Guanacaste, Alajuela, Pérez Zeledón y Heredia; mujeres indígenas de los distintos territorios; 

mujeres afrodescendientes oriundas de San José, Limón, Heredia y Alajuela, como también mujeres 

migrantes que viven en la Región Huetar Norte y Guanacaste. También se consultó a mujeres adultas 

mayores vinculadas con el Centro Diurno Tejar del Guarco, la Asociación Gerontológica Costarricense 

(AGECO) y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), así como a personas 

cuidadoras de población adulta mayor vinculadas con la Orientación Integral de la Familia (OIFA). 

Finalmente, cabe mencionar que también se han consultado distintos estudios, sondeos y encuestas 

elaborados y publicados por fuentes oficiales a nivel nacional, que se encuentran estudiando las 

afectaciones e impactos diferenciados del COVID-19 en la vida de las mujeres, y que permiten ampliar el 

panorama de la situación de las mujeres en el país.  

Por lo anterior, la información aquí presentada no pretende ser una generalización de todas las mujeres 

que habitan el país, sino que refiere específicamente a la población mencionada cuyo perfil se describe 

más adelante. Vale aclarar que los datos procedentes del INAMU no son comparables entre sí, pues los 

instrumentos utilizados no son homogéneos. No obstante, estos datos permiten conocer de cerca la 

realidad de un grupo importante de ciudadanas que han acudido a la institución, en busca de ayuda para 

solventar sus necesidades y las de sus familias. 

 



 

Contexto nacional e internacional 

Actualmente el mundo se encuentra ante un reto global: el brote de un virus ha puesto en evidencia la 

fragilidad de los sistemas de salud pública y la urgencia de replantearse nuevas formas de vivir y convivir 

en sociedad. Desde el 31 de diciembre de 2019, China informó que en el municipio de Wuhan en la 

provincia de Hubei se estaban presentando casos de neumonía con etiología desconocida, los cuales 

alcanzaron la cifra de 9.700 casos en un mes. El resultado fue que el 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declara el COVID-19 “enfermedad por coronavirus 2019” (por sus siglas en 

inglés), como una pandemia (Ministerio de Salud, 2020a). Desde entonces, el virus se ha esparcido 

alrededor del mundo. Esta rápida expansión ha puesto a prueba a los gobiernos para tratar de controlar 

el impacto y las consecuencias producto de la crisis, ya que el COVID-19 no sólo afecta la salud de miles de 

personas alrededor del mundo, sino que además impacta la economía y el funcionamiento social ante 

medidas como el cierre de centros educativos, el cierre de fronteras, las limitaciones de tránsito y libre 

movilidad de las personas, la pérdida de empleos y medios de subsistencia, la desestabilización económica 

mundial, entre otras, afectando así todas las dimensiones de los derechos humanos (Secretaría General 

de los Estados Americanos, 2020).  

En el caso de Costa Rica, el Ministerio de Salud emitió los Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la 

enfermedad COVID-19, con asesoría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el día 28 de 

febrero 2020, confirmando la detección del primer caso el día 6 de marzo 2020, y declarándose emergencia 

en todo el territorio nacional el día 16 de marzo de 2020 mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S. 

A partir de ese momento, ante la ausencia de un tratamiento ante el COVID-19, el país ha destacado por 

liderar iniciativas importantes para controlar el contagio del virus, reducir el tiempo de hospitalización y 

por ende la mortalidad. El 24 de marzo 2020, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud 

presentaron ante la OMS una propuesta sobre la creación de un repositorio que permita el acceso y uso 

libre o de bajo costo, de licencias de pruebas, medicamentos, vacunas, y tecnologías para la detección, 

prevención, control y tratamiento del COVID-19, para todos los países miembros de la OMS. Dicha 

propuesta fue valorada y aceptada expresamente por el Dr. Tedros Adhanom, Director General de la OMS 

(Delgado, 2020). Aunado a ello, el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR), 

ha tenido un papel preponderante en relación con el diseño de posibles tratamientos para afrontar los 

efectos del COVID-19 en pacientes contagiados, y acelerar su recuperación.  

Por un lado, la terapia de plasma convaleciente busca que pacientes recuperados donen su plasma a 

pacientes contagiados, con el fin de que los anticuerpos que han desarrollado ante el COVID-19, puedan 

ayudar a las personas con el virus a estimular su capacidad para combatirlo. Al 3 de agosto de 2020, 210 

personas habían donado su plasma y 235 pacientes lo recibieron (Presidencia de la República, 2020). El 

otro método, a base de plasma equino, demostró en su primer ensayo clínico que el suero equino es seguro 

y reduce la carga viral de los tejidos respiratorios de pacientes con COVID-19, lo que ha dado paso a un 

segundo estudio previsto para el mes de marzo de 2021, a través del cual se probarán las dosis óptimas 

para tratar a pacientes en condición moderada y severa. En este experimento participarán 156 pacientes 

mayores de 18 años, con menos de 24 horas de hospitalización y con menos de 10 días de haber empezado 

a manifestar síntomas (Jiménez, 2021).  



 

Sumado a estos esfuerzos, el 23 de diciembre 2020 el país recibió el primer cargamento de vacunas del 

dúo farmacéutico Pfizer/BioNTech, que contenía 9.750 dosis. La aplicación de la vacuna inició el 24 de 

diciembre 2020, considerando los criterios de riesgo establecidos por la Comisión Nacional de Vacunación 

y Epidemiología, que definió 5 grupos prioritarios:  

1) Personas adultas mayores que habitan en un centro de larga estancia, personal que labora en 
dichos centros, personal sanitario, policial y de emergencia 

2) Personas de 58 años o más, independientemente de si presentan o no algún factor de riesgo 
3) Personas entre 18 y 58 años que presenten algún factor de riesgo 
4) Personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del sector educativo privado, personal de los 

centros penitenciarios, personas privadas de libertad, funcionariado de albergues del Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) y del Sistema de Emergencias 9-1-1 

5) Estudiantes de ciencias de la salud, personal técnico destacado en campos clínicos de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como la población de 40 a 57 años que realizan 
actividades laborales que implican el contacto con otras personas o que se relacionan con el sector 
productivo (agricultura, restaurantes, construcción, atención al cliente, servicio doméstico, entre 
otros) (Ministerio de Salud, 2020e). 

 
Al 31 de marzo 2021, el país cierra el primer trimestre del año con más de 750 mil dosis de vacunas de 
Pfizer/BioNTech, una cuarta parte de los 3 millones que fueron contratadas originalmente para el 2021. A 
ello, se suma la firma de una adenda de 1 millón de dosis adicionales a entregar en el mes de abril, que 
permitirá acelerar el proceso de inmunización de los grupos priorizados (Presidencia de la República, 
2021d). 
 
De acuerdo con el Sistema Integrado de Vacunas (SIV) de la CCS, al 19 de marzo 2021 se registra un total 
de 312.425 dosis aplicadas, de las cuales 206.198 (66%) corresponden a primeras dosis y 106.227 (34%) a 
la segunda, lo que quiere decir que este último grupo ya cuenta con el esquema de vacunación completo 
(Presidencia de la República, 2021c). Actualmente, a lo largo del territorio nacional se continúa con la 
vacunación correspondiente al primer y segundo grupo priorizados. 
 
Pese a los esfuerzos de las autoridades del gobierno, particularmente de los jerarcas y personal de salud, 

y de la baja tasa de mortalidad en relación con otros países de la región, al 30 de marzo de 2021 Costa Rica 

alcanzó la cifra de 216.764 casos confirmados (106.971 mujeres y 109.793 hombres). Cabe señalar que a 

partir del mes de enero de 2021 la cantidad de contagios y de internamientos en centros hospitalarios 

disminuyó considerablemente, sin embargo, entre los meses de febrero y marzo 2021 se ha presentado 

un repunte importante de casos positivos, que ponen en alerta a las autoridades ante una posible tercera 

ola de contagio. Por esta razón, hacen un llamado a la población a no bajar la guardia y continuar con las 

medidas y protocolos para prevenir el contagio durante los próximos meses (Ministerio de Salud, 2021), y 

lograr una reducción del contagio en la medida que se avanza en el plan de vacunación según la 

priorización establecida. Dada la situación que enfrenta el país, actualmente el COVID-19 constituye la 

principal causa de muerte en Costa Rica.  

A continuación, se presenta un breve recorrido por las acciones que han realizado otros países para 

atender las necesidades de las mujeres, producto de la crisis sanitaria por el COVID-19. 



 

Medidas internacionales implementadas para atender a las mujeres ante la 

emergencia del COVID-19 

La propagación del COVID-19 ha exigido que cada país brinde respuestas urgentes, las cuales requieren de 

un balance e integralidad entre las acciones que se tomen para garantizar la salud y la atenuación de los 

impactos sociales y económicos derivados de esta crisis. Existe evidencia de que las pandemias y sus 

efectos impactan de manera diferenciada a mujeres y hombres, por lo que en este caso se augura que 

podría haber consecuencias de gran magnitud que incluso agudizarían las desigualdades existentes, 

incluidas las generadas por las condiciones de género (PNUD, 2020b). 

Dado lo anterior, en algunos países se han tratado de implementar medidas específicas dirigidas a las 

mujeres en su diversidad. Una de las áreas de mayor preocupación es la violencia contra las mujeres, 

debido a que el distanciamiento social las obliga a permanecer en espacios compartidos con sus ofensores 

(Aliaga y BBC News, 2020). Una de las medidas es la declaración de la atención de la violencia como un 

servicio esencial, lo que ha permitido la obligatoriedad estatal para mantener activos y con amplia 

cobertura los servicios de atención y protección en casos de violencia contra mujeres y niñas, con 

protocolos y lineamientos específicos en el contexto de la pandemia, tal es el caso de España y Chile 

(Ministerio de la Igualdad, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Sernam, 2020). 

Además, se ha hecho el esfuerzo por mantener e incluso ampliar el acceso de las mujeres a los servicios 

de atención, considerando que las circunstancias especiales de permanencia en los hogares pueden 

dificultar que las víctimas de violencia soliciten ayuda o accedan a los mecanismos habituales para 

denunciar estas situaciones; por esta razón en España, Chile y Argentina se están adaptando los servicios 

de protección a las circunstancias actuales y se ha dispuesto de números gratuitos de asesoramiento y 

disponibilidad de información en internet, además del normal funcionamiento de los dispositivos de 

información las 24 horas y de la respuesta de emergencia y acogida a las víctimas en situación de riesgo 

en centros o albergues (CNNChile, La Moncloa, Noticias ONU, Prensa SERNAMEG, Sernam, 2020). En 

España y Argentina resalta la utilización de recursos geolocalizados y en Francia se ha promovido la 

utilización de una palabra clave por parte de las mujeres víctimas para que, al decirla a personal en 

comercios, estos puedan actuar y brindarles apoyo (Salazar, 2020).  

De acuerdo con Sernam (2020), en Chile se mantiene una coordinación permanente del Circuito 

Intersectorial de Femicidio (CIF) para la óptima atención de mujeres y se han planteado acciones para 

proteger a las y los funcionarios que operan estos servicios; por ejemplo, se elaboraron Protocolos de 

atención y cuidado para funcionarios, funcionarias y usuarias en cada Casa de Acogida. 

En Canadá, desde la Fundación Canadiense de Mujeres, se ha continuado con las acciones de atención y 

protección. No obstante, los recursos empiezan a mermar por lo que desde la fundación han impulsado la 

iniciativa del fondo “Tireless Together”, para recibir donaciones que garantice que las mujeres y niñas 

vulnerables no se queden atrás en la crisis de COVID-19 (Howard, 2020).  

Otra línea de trabajo para proteger a las personas víctimas de violencia es mantener el acceso a 

procedimientos judiciales. En Argentina, España y Chile los organismos de justicia siguen haciendo un 

seguimiento de las causas de las mujeres, principalmente para mantener las medidas de protección que 



 

vencen, hacer notificaciones y aprobar cualquier medida cautelar en materia de violencia contra las 

mujeres y personas menores de edad (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ministerio de la 

Mujer y la Equidad de Género y Ministerio de la Igualdad, 2020). 

Algunas veces se toman medidas que podrían generar mayor discriminación y violencia, de ahí la 

importancia de analizar las acciones con enfoque de género y de derechos humanos. Por ejemplo, en 

algunos países como Colombia, Panamá y Perú se tomó la medida de hacer aislamiento conforme al 

género, de manera que las personas tenían autorización para salir a adquirir medicamentos, suministros y 

realizar gestiones urgentes el día que correspondía a su género. En Panamá y Perú se eliminó rápidamente 

la medida, ya que provocó mucha controversia con respecto a las personas trans, para quienes la medida 

podría agudizar sus condiciones de vulnerabilidad (Sardiña, 2020). 

Creemos que esta medida está fundamentada sobre un criterio sospechoso de discriminación en tanto que es 

un criterio no objetivo porque depende de la mirada de la autoridad y esa mirada está atravesada por los 

sesgos inconscientes, los estereotipos, los prejuicios que tienen sobre lo que significa ser mujer y ser hombre, 

dice Lina Cuellar, directora y cofundadora de la organización Sentido, dedicada a contribuir a la disminución 

de prejuicios y discriminación de las diversidades sexuales. (Sardiña, 2020, página sin numerar). 

Resulta clara la necesidad de construir nuevas formas de brindar atención y protección a las personas 

víctimas de violencia, con lecturas sensibles a los distintos contextos y condiciones, la utilización de 

estrategias comunitarias y con el uso de herramientas tecnológicas, entre otras. 

El cuidado de la salud es otra área de trabajo que se ha tratado de fortalecer por distintos organismos y 

países. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a través de su directora Natalia Kanem 

expresó su preocupación dado que la pandemia del COVID-19 ha interrumpido el acceso a servicios de 

salud sexual y reproductiva y ha mermado las posibilidades institucionales para abordar la violencia de 

género, en un contexto en que las mujeres y las niñas necesitan estos servicios con carácter de urgencia.  

Dado que el UNFPA trabaja con gobiernos y socios para priorizar las necesidades particulares de las 

mujeres y las niñas, dentro de las medidas que han tomado se encuentra la solicitud de recursos 

económicos para apoyar a los países con sistemas débiles de salud pública, incluidos aquellos que están 

en situaciones frágiles o dependen de la ayuda humanitaria. Además, está brindando material de apoyo a 

los sistemas de salud afectados y protege a las personas trabajadoras de la salud y a las parteras. En China, 

Irán y Filipinas, por ejemplo, se han distribuido artículos de higiene esencial y otros artículos de protección 

para las personas más vulnerables. 

Una de las principales preocupaciones sobre la salud de las mujeres es el bienestar durante el embarazo. 

En ese ámbito, en España se hizo un documento técnico titulado “Manejo de la mujer embarazada y el 

recién nacido con COVID-19” que brinda lineamientos para la atención multidisciplinar por parte de los 

equipos de obstetras, neonatología, anestesia y matronas para esta población, el cual tendrá una continua 

revisión y podrá ser modificado de acuerdo con la dinámica de la situación epidemiológica (Ministerio de 

Sanidad, 2020). 

 



 

En Noruega se recomienda el teletrabajo a mujeres embarazadas. Además, se les dice a ellas y a las que se 

encuentran en periodo de lactancia que, si está contagiada o en aislamiento preventivo debe posponer 

sus controles rutinarios, siempre con seguimiento de su médico, máxime si presenta cronicidad de 

enfermedades. El o la médica debe evaluar hacer una visita a la casa. Asimismo, si presenta síntomas de 

gravedad, de coronavirus, poca movilidad fetal, sangrado de forma urgente debe llamar a su médico o 

médica para valorar el traslado a un centro médico (Instituto de Salud Pública de Noruega, 2020). 

Por otro lado, una de las áreas de mayor desarrollo e impacto en todos los países ha sido la comunicación. 

A nivel mundial se han desarrollado campañas dirigidas al comportamiento individual para promover 

prácticas de higiene, protocolos de estornudo y tos, así como para evitar salidas innecesarias del hogar 

promoviendo el aislamiento social. 

Dentro de las acciones dirigidas a las mujeres se encuentra que organizaciones como UNFPA, ONU 

Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), así como distintos grupos de activistas de derechos humanos y feministas han 

elaborado material informativo y educativo, pronunciamientos dirigidos a las autoridades 

gubernamentales y documentos acerca de las acciones que hay que tener en cuenta para visibilizar las 

particularidades de la condición de género en el abordaje de la pandemia, así como las desventajas y 

riesgos que viven niñas, adolescentes y mujeres derivadas de la discriminación y desigualdad que 

reproduce el patriarcado, y que se agudizan en estas circunstancias. 

Además, los mecanismos nacionales para el avance de los derechos de las mujeres y el impulso de la 

igualdad entre mujeres y hombres a lo largo de todo el planeta han expuesto comunicados y desarrollado 

campañas dirigidas a toda la población para evidenciar que las medidas que se tienen que tomar para 

evitar el contagio, pueden impactar de manera diferenciada a las mujeres y las niñas, incidiendo en 

mayores índices de violencia y recarga del trabajo reproductivo. Se insta a buscar ayuda a través de las 

opciones disponibles y a buscar alternativas que contribuyan a la corresponsabilidad en la redistribución 

de las tareas del cuidado, como horarios flexibles o trabajo a distancia para madres, padres o personas 

que tienen a su cargo el cuidado de alguna persona (Ministerio de la Igualdad, Ministerio de la Mujer y la 

Equidad de Género, Instituto de la Mujer de México y Sernam, 2020). 

Otra área de especial preocupación es la económica y laboral, algunos países aplican medidas generales 

para toda la población, como la implementación de la modalidad de teletrabajo tanto en el sector público 

como privado, reducción de jornadas laborales, medidas moratorias y crediticias, medidas de 

compensación económica para personas trabajadoras informales, entre otras. 

No obstante, a partir de las medidas de confinamiento y cierre temporal de centros educativos y de cuido 

de personas menores de edad, se ha enfrentado una nueva realidad que ha ameritado la definición de 

medidas para apoyar a mujeres, personas trabajadoras y familias con responsabilidades de cuidado. Según 

la OECD (2020a) en varios países donde se han cerrado las instalaciones y escuelas de cuidado infantil (por 

ejemplo, Austria, Francia, Alemania y los Países Bajos), algunas instalaciones permanecen abiertas, con 

personal básico para cuidar a los hijos e hijas de personas trabajadoras de servicios esenciales, 

especialmente en salud, atención psicosocial y centros educativos. Por ejemplo, en Francia se amplió la 

posibilidad de recibir más niños y niñas de lo habitual en las instalaciones de cuido. En los Países Bajos, se 



 

incluyó en la lista de ocupaciones esenciales a personas trabajadoras del transporte público, la producción 

de alimentos, la distribución, el transporte de combustibles, la gestión de residuos, los medios de 

comunicación, la policía y las fuerzas armadas y las autoridades públicas esenciales.  

Aunado a lo anterior, algunos países están subsidiando los costos de opciones de cuido alternativo. En 

Italia, los padres y madres trabajadoras con hijos e hijas menores de 12 años tienen la posibilidad de tomar 

15 días de licencia recibiendo la mitad del salario, y sin pago para quienes tienen hijos e hijas mayores de 

12 años. Asimismo, tanto personas que laboran de manera asalariada como por cuenta propia, pueden 

acceder a un cupón de 600 euros para financiar alternativas de cuido. Por su parte, en Francia se estableció 

que los padres y madres afectadas por el cierre de centros educativos y el confinamiento, y que además 

no tengan acceso a alternativas de cuidado o trabajo (como el teletrabajo) tendrán derecho a una licencia 

remunerada por enfermedad. En Portugal los padres y madres con hijos e hijas menores de 12 años que 

no pueden trabajar desde casa y cuyos hijos e hijas se ven afectados por el cierre de centros educativos 

reciben un beneficio de dos tercios de su salario base mensual, pagado en partes iguales a través de 

patronos y la seguridad social, por su parte las personas trabajadoras independientes pueden acceder a 

un tercio de su ingreso estándar (OECD, 2020b). 

Otra medida que se ha presentado es el apoyo financiero a patronos que dan vacaciones pagadas a su 

personal. En Japón, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social subsidia a las empresas que 

establezcan sistemas de licencia remunerada para las y los trabajadores afectados por el cierre de centros 

educativos; en ese caso los empleadores recibirán una compensación por el pago continuo de los salarios. 

En el sector público, algunos países también están flexibilizando las opciones de trabajo para apoyar a las 

madres y padres. Por ejemplo, en Irlanda se ha introducido una serie de posibilidades como el teletrabajo, 

turnos flexibles, turnos escalonados, horarios de apertura más largos y trabajo de fin de semana. Una 

práctica innovadora ha sido la asignación de roles distintos de manera temporal al personal para 

diversificar las opciones laborales mientras se mantienen los servicios esenciales (OECD, 2020a). 

Es importante acotar, que a pesar de los esfuerzos, tal como lo expone ONU Mujeres y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Rastreador Global de Respuestas de Género a COVID-19, 

solamente uno de cada ocho países ha establecido medidas exclusivas para la protección de las niñas y las 

mujeres, en la atención de los impactos de la pandemia en sus vidas en ámbitos claves como son la 

prevención y atención de la violencia, el cuidado no remunerado y la seguridad económica (Barquero, 

2020). 

A partir de las medidas internacionales que se han implementado para atender la crisis, y que han servido 

de referente para Costa Rica, se describen los lineamientos y directrices diseñadas específicamente por el 

país para proteger a las mujeres ante el impacto del COVID-19.  

 

 

  



 

Medidas y directrices emitidas por el Gobierno de Costa Rica para proteger 

a las mujeres ante el impacto del COVID-19 

Siendo que el Estado tiene la obligación de velar por la vida y la salud de las personas, el Gobierno de Costa 

Rica ha impulsado una serie de medidas de cara a la pandemia del COVID-19. Antes de la declaratoria de 

estado de emergencia nacional, ya se habían activado protocolos de emergencia epidemiológica sanitaria 

internacional, lineamientos de teletrabajo en las oficinas estatales, la suspensión de eventos masivos, 

entre otras acciones para responder con rapidez a la propagación del virus en el país. Cabe señalar que no 

todas las directrices emitidas para atender la crisis del COVID-19 plantean acciones o medidas específicas 

para responder a las necesidades de las mujeres, por lo que resulta necesario hacer una valoración de la 

transversalización del enfoque de género para atender las emergencias a nivel nacional. 

A continuación, se presenta un resumen de las directrices, lineamientos, leyes y proyectos de ley que el 

Gobierno ha definido y que toman en cuenta las necesidades particulares de las mujeres o bien, incorporan 

elementos relevantes para garantizar sus derechos fundamentales durante la pandemia. 

 

• Lineamientos sanitarios para atender a mujeres ubicadas en Centros Especializados de Atención 
y de Albergue Temporal para Mujeres Afectadas por Violencia y sus hijos e hijas (CEAAM) del 
INAMU 

 

Mediante los “Lineamientos generales para la atención diaria en Centros que brindan Servicios de Atención 

a Mujeres Víctimas de Violencia, sus hijas e hijos”, emitidos en su primera versión el día 20 de marzo del 

año 2020. Estos lineamientos se refieren a los servicios de los Centros Especializados de Atención y de 

Albergue Temporal para Mujeres Afectadas por Violencia (CEAAM) del INAMU, los cuales deben apegarse 

a las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, atender las medidas y recomendaciones de los 

medios de comunicación oficiales a nivel nacional e internacional, la Comisión Nacional de Emergencias, 

Ministerio de Salud, Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS); con el fin de contar con la información actualizada. Según estos lineamientos, se mantienen las 

audiencias en juzgados de violencia doméstica y en materia de pensiones alimentarias, y las audiencias 

penales para fijar medidas cautelares o para ampliarlas. 

 

• Medidas creadas para la atención de mujeres ante la violencia y seguimiento de casos durante 
la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 

Mediante el Comunicado de Prensa COM 012-2020, el INAMU informa su respuesta ante la emergencia 

nacional por COVID-19 para dar continuidad a la atención de mujeres ante la violencia y seguimiento de 

casos en todo el territorio nacional a través de medios virtuales y de atención telefónica. La institución 

puso a disposición de la población líneas telefónicas correspondientes al Centro de Información y 

Orientación en Derechos (CIO), la Unidad Regional Huetar Norte, la Unidad Regional Huetar Caribe, la 



 

Unidad Regional Pacífico Central, la Unidad Regional Chorotega, la Unidad Regional Brunca, la Unidad 

Regional Central sede Oriente y la Unidad Regional Central sede Occidente. En dicho comunicado se reitera 

además que, si una mujer se enfrenta a una situación de violencia de alto riesgo, debe comunicarse en 

primera instancia al 9-1-1 o al número de la Delegación de la Mujer. Para favorecer el acceso a información 

sobre los derechos de las mujeres, el INAMU anunció que se estarán haciendo transmisiones en vivo por 

medio de Facebook sobre temas como la convivencia sana y corresponsable en época de aislamiento 

social, violencia de género en época de pandemia, entre otros. Aunado a lo anterior, el Decreto Ejecutivo 

Nº 42293-S del 3 de abril de 2020 crea una excepción a la aplicación de las multas por abandono del sitio 

de aislamiento establecidas para contener el contagio del COVID-19, cuando se trata de un estado de 

necesidad como, por ejemplo, la violencia doméstica. De este modo, si una mujer es detectada fuera de 

su sitio de aislamiento a razón de huir de una situación violencia, las autoridades de salud deben coordinar 

con otras instituciones como el INAMU, el Juzgado de Violencia, la Fuerza Pública, o la instancia 

competente para el caso de excepción, para determinar el sitio en que la persona deberá cumplir con la 

orden de aislamiento. 

 

• Proyectos de ley sobre pensiones alimentarias ante la emergencia sanitaria del COVID-19 
 

En relación con las pensiones alimentarias no se han tomado medidas concretas, aunque figuran proyectos 

de ley que buscan responder al escenario de crisis social provocado por la pandemia. En primer lugar, el 

Proyecto de Ley de salvamento en materia de pensiones alimentarias ante el COVID-19 (Expediente Nº 

21.882), propone garantizar el derecho a la manutención y provisión alimentaria de niños, niñas y 

adolescentes, al tiempo que propone se suspendan las órdenes de apremio corporal por incumplimiento 

del pago de pensiones alimentarias por razones asociadas a enfermedad, pérdida de empleo o reducción 

de más del 50% o del total de ingresos; no obstante, se mantiene la deuda alimentaria para la cual se 

establecerá un arreglo de pago en los meses de julio a diciembre. 

El Proyecto de Ley de atención de procesos alimentarios durante calamidad pública ocasionada por COVID-

19 (Expediente Nº 21.877), establece la prohibición del apremio corporal de las personas obligadas a pagar 

la pensión alimentaria que sean mujeres embarazadas o en período de lactancia, mujeres jefas de hogar 

que tengan a su cuidado personas dependientes, personas con enfermedades crónicas, discapacidades 

físicas, enfermedades mentales, mayores de sesenta años de edad, indígenas, funcionariado público que 

esté activo en servicio de la emergencia, personas con contratos laborales suspendidos o jornadas 

laborales disminuidas. 

En esta misma línea, el Proyecto de Ley Excepcionalísima sobre suspensión de apremio corporal a las 

personas deudoras alimentarias durante la emergencia por el COVID-19 (Expediente Nº 21.878), plantea 

que cuando la persona deudora pruebe ante el juzgado de pensiones alimentarias que, a causa de los 

efectos del COVID-19, perdió su empleo o fuente de ingresos, no se le aplicará el apremio corporal, por 

una única vez, por un plazo improrrogable de 3 meses. Por su parte, el Proyecto de Ley para garantizar las 

pensiones alimenticias en el marco de la crisis derivada de la enfermedad COVID-19 (Expediente Nº 

22.019) propone el uso temporal de los ingresos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) 



 

para crear un Fondo de Subsidio Nacional para Pensiones Alimentarias mediante el traslado excepcional y 

temporal de la contribución parafiscal establecida en el artículo 39 de la Ley General de 

Telecomunicaciones N°8264 del 4 de junio de 2008 y sus reformas. 

Sobre el tema de pensiones alimentarias no se ha llegado a ningún acuerdo legislativo hasta el momento, 

sin embargo, el INAMU elaboró un criterio legal sobre las propuestas en esta materia, que se presenta más 

adelante. 

 

• Medidas creadas para atender a la población trabajadora, que inciden en la vida de las mujeres 
en empleo formal e informal afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19  

 

Para resguardar los derechos laborales de las personas en empleo formal ante el impacto del COVID-19, el 

Gobierno ha autorizado a las empresas a otorgar teletrabajo, dar vacaciones o permitir adelanto de las 

mismas, la reducción temporal de jornadas y salarios (por un plazo hasta de 3 meses prorrogable hasta 

por dos períodos iguales), lo cual afectará el salario de la persona trabajadora en proporción a la 

disminución de su jornada, en el caso de la suspensión de contratos de trabajo no se romperá el contrato 

laboral ni se perderá la antigüedad (Ley Nº 9832 del 21 de marzo, 2020). 

Como medida de protección específica para las mujeres trabajadoras, la reducción temporal de jornadas 

y salarios no aplicará a aquellas mujeres trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, mientras 

que la reducción de jornada de trabajo se deberá hacer proporcionalmente entre hombres y mujeres en 

planilla respecto a los mismos puestos o equivalentes (Ley Nº 9832 del 21 de marzo, 2020). Si se 

comprueba que la persona trabajadora es portadora de la enfermedad, y es asegurada, puede solicitar 

una incapacidad por alerta sanitaria por COVID-19. 

El Programa Nacional de Empleo (PRONAE) permite otorgar un subsidio temporal de empleo a las personas 

que como consecuencia del COVID-19 perdieron su empleo o la fuente habitual de sus ingresos, vean sus 

ingresos reducidos por cambios en su jornada laboral o estén en condiciones de desempleo, siempre y 

cuando cumplan con ciertos requisitos: ser costarricense o persona extranjera en condición migratoria 

regular, mayor de 15 años de edad, estar en condición de desempleo, o de reducción de ingresos por un 

cambio en su jornada de trabajo a causa de la emergencia, ser jefatura de hogar, y ser residente de la zona 

que cubre la declaratoria de emergencia (Decreto Ejecutivo Nº 422272-MTSS-COMEX). 

En cuanto al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), la persona trabajadora puede retirar sus ahorros en 

caso de suspensión temporal de la relación laboral o cuando se aplique una reducción de su jornada 

ordinaria que implique la disminución de su salario, ante lo cual la persona empleadora está obligada a 

entregar a la persona trabajadora los documentos requeridos para la solicitud de retiro del FCL, y las 

operadoras de pensiones complementarias contarán con un plazo máximo de 15 días hábiles para girar los 

recursos por medio de transferencia electrónica en la cuenta bancaria de la persona afiliada. Por su parte 

la CCSS aprobó la reducción de un 75% en la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en 

el de pensiones durante 3 meses, para facturación de planillas patronales, aportes de personas 

trabajadoras independientes y del sector público que reportan jornada parcial, mientras que la figura de 



 

permuta de tiempo no laborado permite la interrupción temporal de la prestación de labores con goce de 

salario durante la emergencia sanitaria (Ley Nº 9839 del 3 de abril, 2020). 

El Plan Proteger surge con el objetivo de brindar alivio económico temporal a las personas trabajadoras 

que han visto afectados sus ingresos por el COVID-19. A este bono pueden aplicar personas trabajadoras 

que fueron despedidas, cuya jornada laboral haya sido reducida o cuyo contrato laboral haya sido 

suspendido, así como personas trabajadoras independientes, informales y temporales afectadas por la 

crisis del COVID-19. No pueden aplicar al bono quienes laboran en el sector público, personas pensionadas 

de cualquier régimen, menores de 15 años, privadas de libertad, que reciben más de 50 mil colones por 

transferencias monetarias del Estado o que no han sido afectadas laboralmente por el COVID-19. Para 

acceder a este bono las personas deben ser costarricenses o extranjeras en condición migratoria regular y 

contar con una cuenta bancaria IBAN en colones, además de llenar un formulario en la plataforma virtual 

proteger.go.cr. El monto económico que ofrece este bono es de ₡62.500 por mes durante 3 meses a 

personas con jornada laboral disminuida en un 50% o menos, y de ₡125.000 por mes durante 3 meses a 

personas despedidas, con contrato laboral suspendido, a personas dedicadas al trabajo independiente e 

informal y aquellas con jornada laboral disminuida en un 50% (Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS). 

Datos del MTSS (2021) dan cuenta que, de un total de 724.330 bonos otorgados al 8 de enero 2021, 

388.804 mil bonos fueron entregados a mujeres, representando el 53,7% del total de personas 

beneficiarias. 

Se creó además un subsidio temporal para personas vendedoras de lotería mediante el acuerdo JD-256 de 

la Junta de Protección Social, para que tengan acceso a 200 mil colones de forma mensual y hasta por 3 

meses a raíz de la afectación de los sorteos por la emergencia del COVID-19 (Presidencia de la República, 

2020). Por su parte la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y el Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT) diseñaron una plataforma virtual en la que presentan la oferta laboral 

disponible en empresas multinacionales, con el objetivo de reubicar a personas del sector turismo y de 

cualquier otro sector que se encuentren desempleadas como consecuencia de la pandemia. Para más 

información se puede ingresar a la web: https://covid.cinde.org/talento. 

Tal y como ha se ha desarrollado en este apartado, el Gobierno ha ido definiendo el abordaje para 

responder a la emergencia nacional producto de la pandemia, según los distintos escenarios que se han 

ido presentado. Así fue como al surgir los primeros casos de personas contagiadas por COVID-19 se 

promovió la campaña “Quédate en casa”, acompañada de una serie de medidas de distanciamiento social 

como cierres comerciales y restricciones vehiculares. Esta estrategia cambió a partir del 24 de junio de 

2020 cuando la Presidencia de la República presenta la modalidad de contención del virus conocida como 

“El baile y el martillo”, la cual consistió en generar medidas restrictivas o de mayor cierre comercial en 

aquellas zonas donde la información epidemiológica determinara más propagación del COVID-19 (el 

martillo), y por otro lado, permitiendo una mayor apertura comercial en zonas donde el riesgo de contagio 

demostrara ser menor (el baile) (Ugarte, 2020). 

La estrategia que enmarca actualmente la atención de la emergencia sanitaria es el “Modelo de Gestión 

compartida: Costa Rica trabaja y se cuida”, anunciado mediante un comunicado de prensa el día 31 de 

agosto de 2020 (Presidencia de la República, 2020a). Este modelo de gestión compartida entre el gobierno 

y las municipalidades pretende complementar y fortalecer los esfuerzos entre la empresa privada, el 

https://covid.cinde.org/talento


 

comercio y las comunidades, para reactivar la economía a través de diversas medidas de prevención del 

contagio por COVID-19. En una primera fase, cada Comité Municipal Emergencias (CME) realiza una 

evaluación del grado de implementación de acciones preventivas en cada localidad, con el fin de revisarlas, 

analizarlas y reforzarlas en todo el territorio nacional a través del involucramiento de más actores del 

ámbito regional, cantonal, distrital y comunitario. Con este modelo, se pretende estimular una mayor 

apertura económica mediante un fuerte involucramiento de los cantones para comunicar, controlar y 

supervisar la estricta aplicación de las medidas sanitarias (Presidencia de la República, 2020a). 

Los ejes de este modelo de gestión son, en primer lugar, el reforzamiento de las acciones y protocolos 

diseñados para identificar grupos de riesgo de contagio por COVID-19, y en segundo lugar, la labor 

asistencial humanitaria a personas contagiadas del virus o que tengan una orden sanitaria mediante un 

proceso articulado con el IMAS. La coordinación con las comunidades se realiza a través de la Dirección 

Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) y la incorporación de las 3.500 Asociaciones de Desarrollo 

existentes en el país a los Comités Municipales de Emergencias. De este modo, el modelo procura contar 

con agentes multiplicadores de mensajes preventivos para hacer frente al contagio del COVID-19 a toda la 

población desde los territorios (Presidencia de la República, 2020a). Con este modelo, se permite la 

apertura de todos los establecimientos que cuenten con permiso sanitario para funcionar en un horario 

de lunes a viernes entre 5 a.m. y 10 p.m. y de sábados a domingos entre 5 a.m. y 9 p.m., para fomentar la 

reactivación económica. 

Recientemente, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, con el 

objetivo de impulsar la igualdad de género en los ámbitos económico y laboral y atender el desempleo 

femenino en el país agudizado por la pandemia, se firmó el Decreto Ejecutivo “Creación y declaratoria de 

interés público de la Comisión de Alto Nivel para la participación igualitaria de las mujeres en los procesos 

económicos del país” (Decreto Ejecutivo N°42877 MEP, MEIC, MIDEPLAN, MTSS, 8 de marzo de 2021). A 

través de este se espera cerrar brechas de género e incidir en las condiciones de empleo de las mujeres 

para asegurar sus derechos laborales y su autonomía económica (Presidencia de la República, 2021b).  

 

• Medidas dirigidas al sector empresarial, que inciden en la vida de mujeres empresarias o 
trabajadoras independientes afectadas por la emergencia sanitaria del COVID-19 

 

Las medidas adoptadas para atender a las personas empresarias o trabajadoras independientes incluyen 

la exención de pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) durante los meses de abril, mayo y junio; 

el mismo se cobrará posteriormente para lo cual se deberá llegar a un arreglo de pago con la 

Administración Tributaria según la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 (Ley Nº 9830 del 19 de marzo de 

2020). Además, se exime a las personas contribuyentes de realizar pagos parciales del impuesto sobre las 

utilidades para el mes de abril, mayo y junio, mientras que las personas contribuyentes del impuesto 

selectivo de consumo inscritos como contribuyentes en el Registro Único Tributario de la Dirección General 

de Tributación, deben presentar las declaraciones de impuestos correspondientes a los meses de marzo, 

abril y mayo, sin realizar el pago del impuesto durante abril, mayo y junio (Ley Nº 9830 del 19 de marzo de 

2020). 

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/08/modelo-de-gestion-compartida-costa-rica-trabaja-y-se-cuida-contra-el-covid-19-arranca-en-cada-canton/


 

Por otro lado, las personas importadoras podrán nacionalizar las mercancías durante abril, mayo y junio 

sin pagar los aranceles correspondientes, a excepción de los productos agrícolas y pecuarios. El pago de 

esos aranceles deberá hacerse a más tardar el 31 de diciembre del presente año, en las condiciones 

acordadas mediante arreglo de pago con la Administración Tributaria, sin pagar intereses ni multas (Ley 

Nº 9830 del 19 de marzo de 2020). Los arrendamientos correspondientes a actividades comerciales serán 

exoneraos del pago del IVA durante abril, mayo y junio si la persona arrendataria y arrendadora están 

inscritas en el Registro Único de Tributación de la Dirección General de Tributación, en el Régimen General 

o el Régimen Especial Agropecuario (Ley Nº 9830 del 19 de marzo de 2020). 

El Banco Central de Costa Rica será la entidad encargada de determinar las comisiones máximas de 

intercambio que podrán cobrar emisores de tarjetas de crédito dentro de un período máximo de 6 meses, 

a partir de la entrada en vigor de la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas (Ley N° 9831 del 

21 de marzo de 2020). Tanto la banca pública como la privada han implementado diversos planes de 

contingencia para préstamos personales y empresariales, tarjetas de crédito, y otras operaciones, con la 

finalidad de mitigar los riesgos financieros ante la emergencia del COVID-19. 

En el caso de las Cooperativas, el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) acordó bajar todas las 

tasas de interés para los créditos que brinda a las cooperativas del país, eliminando las bandas de tasas de 

interés y estableciendo una única tasa por cada línea de crédito, mientras que el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU) flexibilizó las cuotas de los planes de ahorro y préstamo en un 40% para las 

personas afectadas por la emergencia (INFOCOOP, 2020). 

Respecto al Programa Alivio, el mismo tiene el objetivo de apoyar a empresas afectadas económicamente 

por la crisis del COVID-19, a través de acciones para la estabilización de la empresa, la reconversión y la 

aceleración, articulando diferentes actores en tres etapas que se ejecutarán durante un año. En su primera 

etapa, el programa otorga capital semilla y acompañamiento técnico especializado a 200 micro, pequeñas 

y medianas unidades productivas agropecuarias, y a micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras 

o con potencial exportador, que podrá invertirse para la supervivencia de la empresa. Es un proyecto que 

surge de la alianza entre la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) (Presidencia de la República de Costa Rica, 

2020). 

Otra de las medidas creadas para atender a las mujeres y sus emprendimientos durante la emergencia 

nacional, es la aprobación del Decreto Ejecutivo Nº 42498-MP-MCM Reforma al Decreto Ejecutivo Nº 

37783-MP Creación del Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres 

(FOMUJERES) (2013, 31 de mayo, Diario Oficial La Gaceta, Nº 209), emitido por la Presidencia de la 

República y el INAMU. Con esta reforma se plantean tres nuevas disposiciones: por un lado, se flexibilizan 

los requisitos para que puedan participar organizaciones de hecho y no sólo de derecho; se permite la 

participación de organizaciones de mujeres que se encuentran formalmente establecidas pero que 

enfrentan dificultades para cumplir con todos los requisitos establecidos para participar en FOMUJERES 

en virtud de la situación de emergencia que enfrenta el país; y por último, se elimina la restricción que 

limitaba la participación de mujeres u organizaciones de mujeres que recibieron este beneficio en los 

últimos 5 años. 

https://www.infocoop.go.cr/index.php/INFOCOOP_bajo_tasas_de_interes


 

Por su parte, el Programa Nacional de Mujeres Empresarias “Mujer y Negocios 2020” tiene como objetivo 

beneficiar a 225 mujeres empresarias y emprendedoras de todas las regiones del país a través de asesoría, 

capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para fortalecer sus empresas ante la crisis sanitaria. 

Iniciando en setiembre del presente año, las mujeres beneficiarias participarán en talleres de formación 

integral para el desarrollo de sus capacidades y para el fortalecimiento de sus emprendimientos o 

negocios. Este programa nace de la labor interinstitucional entre el Ministerio de Economía Industria y 

Comercio (MEIC), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). 

Finalmente, con la Ley N° 9882 Atención al sector turismo debido a la emergencia nacional por COVID-19, 

mediante la modificación del Artículo 26 y del Transitorio IX de la Ley N° 9635 Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas (2019, 3 de diciembre, Diario Oficial La Gaceta, N° 218), se crearon medidas que permiten 

a los servicios turísticos estar exentos del impuesto sobre el valor agregado durante los dos primeros años 

de vigencia de la presente ley. Además, estos servicios estarán sujetos a una tarifa reducida durante el 

tercer año de vigencia de la Ley N° 9882 de un 4%, y a una reducción del 8% durante el cuarto año de 

aplicación de la ley, hasta que en el quinto año, los servicios pasarán a estar sujetos a la tarifa general del 

impuesto sobre el valor agregado (IVA). Esta medida impacta directamente a mujeres trabajadoras del 

sector hotelero, restaurantes y otras actividades vinculadas con los servicios de turismo, los cuales se han 

visto profundamente afectadas producto de la emergencia nacional. 

 

• Medidas creadas para llevar ayuda a personas que pertenecen a los grupos vulnerables ante el 
COVID-19 

 

La campaña “Con vos Podemos” tiene por objetivo llevar ayuda humanitaria a personas y familias que 

califican dentro de los grupos vulnerables como adultos mayores, familias en pobreza extrema, personas 

con discapacidad, población que ha visto afectada su fuente de ingreso por suspensión de contrato, por 

despido, o por la imposibilidad de ejercer determinadas actividades económicas. A través de las 

donaciones económicas se pretende satisfacer necesidades inmediatas de alimentos y de insumos de 

limpieza, que se distribuirán por medio de los Comités Municipales de Emergencia (Presidencia de la 

República de Costa Rica, 2020).  

Por otro lado, la Directriz IMAS-GG-667-2020 del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), establece que la 

población beneficiaria de los programas Cuidado y Desarrollo Infantil, Avancemos y Crecemos, y las 

personas que reciben el beneficio del pago de alquiler, mantienen estos subsidios durante los meses de 

marzo y de abril de 2020. 

Asimismo, se han presentado varios proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa, entre ellos el Proyecto 

de Ley de bono solidario para mujeres jefas de hogar por las repercusiones de la epidemia COVID-19 

mediante redirección de recursos financieros provenientes de la Ley Nº 10, Ley de Licores y sus reformas 

y la Ley Nº 5792, reformada por la Ley Nº 9036 (Expediente Nº 21.900 del 5 de mayo, 2020), el cual 

pretende redireccionar temporalmente los recursos provenientes del impuesto de licores y cervezas para 

crear un Fondo Solidario para un bono mensual para las mujeres jefas de hogares de cada cantón. Otras 

propuestas son el Proyecto de Ley para la reactivación y reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y 



 

Desarrollo Infantil (Expediente Nº 21.957 del 19 de mayo, 2020) cuyo interés es establecer un sistema de 

cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que articule las 

diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios, y el Proyecto de Ley Creación del 

Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación 

de Dependencia (SINCA) (Expediente Nº 21.962 del 19 de mayo, 2020) que pretende crear el Sistema 

Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de 

dependencia, en situación de abandono en hospitales y comunidades, con discapacidad, con 

enfermedades progresivas o degenerativas, así como a las personas cuidadoras que, por los roles 

tradicionales de género, suelen ser mujeres.  

De la Mesa Técnica de Protección Social, creada desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de 

la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) ante la crisis por el COVID-19, surgieron una serie de medidas 

y estrategias para atender a población vulnerable. Entre ellas, la vigilancia del estado nutricional de 

familias en condición de pobreza y vulnerabilidad afectadas económicamente por la pandemia, con 

especial atención a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mujeres en riesgo de femicidio en los 

cantones más afectados, así como familias donde hay niños y niñas de la primera infancia. Además, se 

elaboró un protocolo interinstitucional para atender a personas en situación de abandono en hospitales, 

particularmente personas adultas mayores y personas con discapacidad.  

Desde dicha Mesa Interinstitucional se trabajó además para canalizar el apoyo que ofrecen organizaciones 

no gubernamentales, como donaciones de productos de higiene, limpieza y protección, de modo que 

lleguen a población en pobreza y pobreza extrema, así como en condiciones de vulnerabilidad que se han 

visto afectadas por la emergencia nacional. De igual manera, se planteó una campaña informativa sobre 

el uso, manejo y disposición de insumos de limpieza y protección dirigida principalmente a población en 

condiciones de pobreza, pobreza extrema y condiciones de vulnerabilidad. Otras coordinaciones realizadas 

estuvieron dirigidas a la atención interinstitucional de familias y personas con orden sanitaria de 

aislamiento por COVID-19, incluyendo mujeres en alto riesgo de violencia, mujeres migrantes, refugiadas 

y solicitantes de refugio, independientemente de si tienen personas menores a cargo, y la creación de un 

protocolo de preparativos y respuesta para la atención de población habitante de cuartería ante el COVID-

19 (Mesa Técnica de Protección Social, 2020). En el marco de esta Mesa se elaboraron los siguientes 

documentos para atender la emergencia nacional por el COVID-19: 

• Protocolo Interinstitucional para la Atención de familias o personas que se encuentran en 
investigación, probables o confirmados por COVID-19, cuentan con orden sanitaria de aislamiento 
domiciliar, presentan una situación de pobreza o vulnerabilidad y requieren una valoración para 
el otorgamiento de beneficios o intervenciones institucionales. 

• Protocolo de preparativos y respuesta ante el COVID-19 en cuarterías  

• Propuesta interinstitucional para garantizar la continuidad de los servicios de larga estancia ante 
los efectos de la emergencia nacional provocada por la emergencia sanitaria. 

• Protocolo para la atención de la población en situación de calle. 

• Protocolo para el acompañamiento telefónico en territorio de las personas adultas mayores. 

• Protocolo para el otorgamiento del Beneficio de Emergencias para para Gastos funerarios a las 
personas familiares que se encuentran en situación de pobreza extrema o pobreza, enfrentando 



 

el deceso de un familiar por COVID-19 o un factor asociado a éste, que no pueden asumir el costo 
económico del funeral. 

• Protocolo de preparativos y respuesta ante COVID-19 en asentamientos informales. 
 

El 3 de marzo de 2021, se firmó el Decreto Ejecutivo N° 42878 MP-MDHIS Teresita Aguilar Mirambell, que 

oficializa la “Política Nacional de Cuidados 2021-2031”, cuyo interés es implementar progresivamente un 

sistema de atención a las personas con alguna situación de dependencia, ofrecer bienestar a personas 

adultas mayores, con discapacidad o con enfermedades crónicas que necesitan apoyos y cuidados para 

realizar sus actividades diarias, así como ampliar la cobertura de prestaciones ya existentes y sumar nuevas 

modalidades de cuidados que combinan el entorno familiar y el uso de la tecnología. Asimismo, se trata 

de evitar la institucionalización de estas poblaciones por lo que enfatiza en los servicios de base domiciliar 

que posibiliten a las personas en situación de dependencia permanecer en su hogar la mayor cantidad de 

tiempo. Esta política además considera a las personas cuidadoras, trabajen de forma remunerada o no, 

quienes tendrán acceso a servicios de respiro al cuidado y prevención del “burnout” o fatiga extrema 

(Presidencia de la República, 2021a). 

 

• Medidas creadas para atender la crisis sanitaria del COVID-19 que inciden en la vida de las 
mujeres migrantes 

 

Las personas migrantes que se encuentren en el país de manera autorizada bajo las categorías migratorias 

de Residencia Permanente, Residencia Temporal, Categorías Especiales, o No Residentes subcategoría 

Estancia, que salgan del territorio nacional, serán rechazadas al momento en que pretendan volver a 

ingresar aun cuando tengan VISA, lo anterior según el Decreto Ejecutivo N° 42256-MGP-S. 

Específicamente, para resguardar los derechos laborales de las mujeres migrantes, el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social atenderá al público independientemente de su estatus migratorio, esto incluye acceso 

a los servicios por chat de la página del MTSS (asesoría, cálculo de prestaciones, entre otros) (Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, 2020). Por otro lado, el permiso de trabajo se mantendrá aun en caso de 

perder el empleo, hasta la fecha de vencimiento del DIMEX. Además, se creó una medida que asegura que 

todas las mujeres, aunque sean migrantes o no estén aseguradas, tienen la protección del Estado para ser 

atendidas por la CCSS si presentan síntomas o posible contagio de COVID-19 (Presidencia de la República 

de Costa Rica, 2020). 

 

• Lineamientos sobre la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 
 

En enero del 2021, el Ministerio de Salud emite una versión revisada de los Lineamientos sobre la 

vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 (LS-SS-013, 25 de enero de 2021), 

en la cual se dispone el procedimiento para informar a las mujeres en periodo de lactancia acerca del virus, 



 

la vacuna y la información que se tiene al respecto, de modo tal que sea la mujer quien tome la decisión 

de ser vacunada o no. 

Pese a la cantidad de medidas gubernamentales, creadas para atender las demandas de la población, es 

evidente que hace falta la incorporación del enfoque de género en su diseño e implementación. El impacto 

diferenciado de la pandemia responde a condicionantes de género que se están dejando de lado, como la 

división sexual del trabajo que continúa determinando los roles que desempeñan hombres y mujeres tanto 

en el ámbito público como privado, y que dificulta el acceso a recursos en términos de empleo, educación, 

tierra, vivienda, tecnología y crédito, entre otros. 

Seguidamente, se analizan las principales afectaciones del COVID-19 en la vida de las mujeres en Costa 

Rica. Las mismas se encuentran organizadas según grandes temas: educación, economía y empleo, 

corresponsabilidad social de los cuidados, violencia y salud. 

 

 

  



 

Principales afectaciones del COVID-19 en la vida de las mujeres  

en Costa Rica 
 

• Educación  
 

A partir de las directrices emitidas por el Ministerio de Salud ante la emergencia nacional por el COVID-19, 

el pasado 27 de agosto de 2020, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó mediante conferencia 

de prensa, que por lo que restaba del año 2020 las clases presenciales no retornarían, de modo que se 

mantendrían las clases virtuales y a distancia (MEP, 2020). 

Dada la situación, las y los estudiantes debieron continuar con su proceso educativo de manera virtual 

desde casa, lo que implicó que las autoridades competentes trabajaran en una importante transformación 

de la educación tradicional costarricense. En este sentido, el MEP (2020), 

...ha lanzado una estrategia para la mediación pedagógica denominada Aprendo en casa, la cual se 

fundamenta en las disposiciones de la Política Educativa y la Política Curricular vigentes, dando relevancia y 

pertinencia al uso de recursos tecnológicos, así como a la generación de acciones específicas y 

contextualizadas para el aprendizaje a distancia. (párrafo 3) 

En virtud de las nuevas condiciones y los retos que enfrenta la educación costarricense, se hizo necesaria 

la puesta en práctica de acciones a distancia mediante recursos tecnológicos, como parte del programa 

“Aprendo en Casa”. Dentro de estos recursos se incluyen: computadora, tableta o teléfono inteligente; 

acceso a internet y manejo de plataformas digitales.  

Ante la inesperada implementación de la modalidad de educación virtual, que requiere de la mediación 

tecnológica para su desarrollo, y de la modalidad a distancia, que no necesariamente implica la conexión 

virtual con los y las docentes pero que requiere de una serie de condiciones y destrezas para su ejecución; 

al inicio de la pandemia no era viable hablar de deserción escolar, ya que el conteo y seguimiento a las 

cifras de asistencia escolar era complejo. Por esta razón el MEP, frente a la posibilidad de un alza en la 

deserción como resultado de la nueva dinámica, estableció mecanismos de control mediante el programa 

“Alerta temprana”, “[en el que] los docentes ponen especial atención en los grupos más vulnerables” 

(Casasola, 2020, página sin numerar). Según el último corte emitido por el MEP sobre las mediciones 

realizadas después de las vacaciones de medio periodo 2020, la tasa de exclusión ronda el 8,5% (MEP, 

2020), similar a la de 2016; esto equivale a un grupo de alrededor de 90.000 estudiantes que no se han 

reportado con sus docentes. En este sentido, en comparación con el año 2019, en el que se registró una 

tasa global de deserción de 2,4%, el 2020 registra un aumento significativo de 6,1 puntos porcentuales. 

Según lo expresado por la especialista en el área educativa, Isabel Román, coordinadora del Estado de la 

Educación en Costa Rica, los datos de deserción podrían estar ensanchando aún más las brechas 

preexistentes en la educación. 

 



 

“Esta cantidad de alumnos debe encender todas las alarmas del sistema y su ubicación debe ser la prioridad 

en lo que queda del año. Si el sistema no logra ubicarlos la exclusión educativa y las brechas se profundizarán 

en detrimento de los estudiantes más pobres y vulnerables”, manifestó la especialista. (Román, 2020 citada 

por Cerdas, 2020, página sin numerar) 

Frente a esta implementación repentina y obligatoria de la educación, las modalidades virtual y a distancia 

exigen una serie de requerimientos que, por la misma naturaleza privada de los hogares, suelen ser de 

alguna manera invisibilizadas,  

La implementación de estas estrategias depende fuertemente del acceso que tengan los niños y adolescentes 

en sus hogares a una serie de recursos que les permita aprender en casa: disponibilidad de libros y materiales 

educativos en el hogar, disponibilidad de un lugar para estudiar, acceso a algún dispositivo electrónico y a 

conectividad, y el apoyo e involucramiento de sus padres en los procesos de aprendizaje. (Unicef y PNUD, 

2020, p. 8) 

De esta manera, surgen nuevas condiciones y dinámicas familiares, necesarias para acompañar, dirigir y 

educar al estudiantado, pues el brote de COVID-19 “…que obligó a suspender las clases, implica un nuevo 

desafío para las familias: asumir esa prioridad en el seno hogareño y ser las madres y padres quienes 

conducen el proceso de formación pedagógica y curricular de sus hijas/os” (Secretaría General de los 

Estados Americanos, 2020, p. 79). Esta situación no solamente representa un reto familiar, sino que 

despierta una alarma respecto a ¿quién está asumiendo ese nuevo rol dentro de la familia?, ¿cómo se 

distribuye entre los miembros de la familia el acompañamiento y la supervisión de las tareas escolares?, 

¿de qué manera los hombres adultos de la familia participan en este tipo de actividades? 

El Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la Universidad de Costa Rica realizó un estudio con un 

total de 867 personas, de las cuales un 87,7% eran mujeres. Al indagar sobre las nuevas interacciones entre 

madres, padres (o personas cuidadoras) y las niñas y niños en este nuevo contexto educativo, se encuentra 

que, 

...las labores de cuido y el involucramiento parental educativo pedagógico son asumidas mayoritariamente 

por mujeres, quienes ante el incremento de las demandas en el contexto de la pandemia asumieron “una 

especie de triple jornada”. (Méndez, 2020, párr. 10) 

Según detallaron las expertas involucradas en el estudio, durante el periodo lectivo, las mujeres han tenido 

que desarrollar una escuela en casa, lo que implicó desempeñar una labor pedagógica sumada a las labores 

de cuido. También es importante puntualizar que, para la mayoría de las personas participantes del 

estudio, en ese momento no era una prioridad el posible atraso o interrupción de la educación de sus hijos 

e hijas, pero sí lo son las demás afectaciones que perciben en el ámbito de la salud y la economía, por 

ejemplo (Méndez, 2020).  

Estos datos coinciden con la información suministrada por distintas funcionarias de los servicios del 

INAMU, quienes han percibido que las mujeres que se acercan a la institución expresan que se encuentran 

en contextos de agotamiento, sobrecarga física y emocional dada la atención y acompañamiento escolar 

que requieren sus hijos e hijas, lo que conlleva ejercer un rol adicional de maestras o tutoras. Aunado a 

ello, algunas mujeres manifiestan que, a razón de las condiciones económicas actuales, la prioridad familiar 

es la compra de alimentos, por encima del pago del servicio de internet o de las fotocopias que se 



 

requieren para las clases. En los casos en los que cuentan únicamente con un dispositivo con conexión a 

internet, las mujeres indicaron que la tensión familiar aumenta, pues deben compartirlo entre las personas 

menores de edad del hogar y eso les provoca cierto nivel de estrés. Respecto a esta situación, la Secretaría 

Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (STM-

COMMCA, 2020) plantea que, 

Se estima que estos efectos se reflejarán en el abandono escolar, que las niñas y las adolescentes serán las 

más afectadas debido a las desigualdades sociales y culturales que privilegian la educación de los niños y al 

aumento de sus responsabilidades familiares como consecuencia de la mayor demanda de trabajo de cuidado 

y doméstico en los hogares. (p.62)  

En cuanto a la recarga que ha generado la educación en casa, tal y como se viene exponiendo 

anteriormente, es fundamental visibilizar que el cierre de las escuelas supone una “atención 24/7 de estas 

personas en los hogares” (CIM, 2020, p.24). La nueva modalidad educativa ha modificado la dinámica de 

los cuidados, pues las personas cuidadoras han tenido que desempeñar nuevos roles y tareas, en este caso 

relacionadas con el acompañamiento a los niños y niñas durante el curso lectivo, para conectarse a los 

equipos o plataformas tecnológicas, la supervisión y seguimiento de tareas, atención en clases, entre 

muchas otras.  

Dado que, históricamente las mujeres han sido relegadas al ámbito privado y se les ha asignado las labores 

de cuido y atención del hogar, inclusive desde edades tempranas, es que “la educación virtual también 

tiene consecuencias negativas para las niñas, las cuales soportan la carga de los cuidados de manera 

desproporcionada dentro del hogar” (CIM, 2020, p. 24). De este modo, bajo las modalidades descritas, las 

niñas se encuentran más expuestas a la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, lo que podría 

generar a futuro deserciones del sistema o el disfrute parcial de su derecho a la educación. 

Por otra parte, las mujeres también se han visto afectadas directamente en el ámbito educativo, ya que 

un número importante de las mujeres que acuden a los servicios institucionales, forman parte de 

proyectos comunitarios que se han visto en la necesidad de suspender los cursos que ofrecen, como por 

ejemplo manipulación de alimentos, computación, clases de baile, entre otros. Esta situación, sin duda, 

afecta los procesos de aprendizaje de las mujeres, pero también las restringe en términos de 

esparcimiento y recreación.  

Conocer las condiciones y dinámicas en el contexto de pandemia, de las familias para hacer frente a esta 

tarea encomendada de manera tan imprevista, es fundamental para analizar a futuro el impacto y 

efectividad de la modalidad de educación virtual en el país. Por ejemplo, respecto al nivel de escolaridad 

de las personas que eventualmente están asumiendo estas actividades, según datos del Programa Estado 

de la Nación (2020b),  

... 99% de las personas que provienen de hogares de climas educativos bajos y asisten a la educación van a los 

centros públicos, es decir, la mayoría vive en hogares con población adulta que tiene primaria o menos (…) 

Esto significa que una cantidad muy importante de niños, niñas y adolescentes que hoy están en sus casas 

tendrán dificultades para contar con los apoyos académicos necesarios por parte de sus familias. (párr. 2) 

 



 

Tal y como lo expone la cita anterior, una posible afectación para la población estudiantil es la falta de 

contacto con el personal docente, y junto con ello, a los contenidos y curriculum educativos de cada 

materia. Además, se parte del hecho que las personas a cargo de brindar acompañamiento y supervisión 

de la educación a distancia que están recibiendo sus hijos e hijas cuentan con los recursos emocionales, 

educativos y económicos, necesarios para ello. 

En este sentido, según un sondeo realizado vía Facebook por el Centro de Investigación y Estudios Políticos 

de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) y el Programa Estado de la Nación (PEN), entre el 1 de mayo y 

el 18 de junio de 2020 a un total de 2.546 hogares, el 62,7% reporta presencia de estudiantes de 

preescolar, primaria y secundaria, y un 61% de éstos dedica en promedio de 1 a 3 horas de estudio 

adicionales a las clases virtuales. Por otra parte, al indagar sobre qué tan preparadas se encuentran las 

familias para asumir las tareas y el aprendizaje a distancia del estudiantado, un 42% indica que mucho, un 

41% que algo y el 17% que nada. Del estudio también se desprende que si las personas encargadas poseen 

educación secundaria o universitaria se sienten más preparadas para la atención educativa de las y los 

estudiantes que se encuentran estudiando en casa, contrario a las personas que tienen secundaria 

incompleta o menos, reduciéndose así las posibilidades de brindar apoyo y acompañamiento a las 

personas menores de edad a cargo. 

De acuerdo con PNUD (2020a) “la baja penetración de internet en hogares urbanos y rurales en situación 

de vulnerabilidad, así como las bajas competencias digitales, en particular de las mujeres, ponen en riesgo 

sus procesos de aprendizaje” (p. 9). A eso hay que sumarle, las condiciones de infraestructura de los 

hogares, el acceso a servicios de agua y electricidad, la cantidad de miembros que habitan una misma 

vivienda, la cantidad de personas menores de edad que requieren apoyo en este proceso y posibles 

situaciones de violencia, entre otros aspectos que también podrían influir y alterar la convivencia familiar 

y el desarrollo educativo. 

Específicamente, sobre el acceso a la tecnología y a las redes de internet, es importante puntualizar que 

existen brechas digitales que se exacerban en esta coyuntura, 

Entre las personas de 5 a 18 años que asisten a la educación y que viven en los hogares de mayor ingreso, el 

80% tiene buena conexión a internet, mientras que entre los más pobres disminuye a solo el 37%. Para muchos 

estudiantes la conectividad se logra solo por el celular: entre los más pobres (1º quintil) el 48% solo accede al 

internet por el celular y un 10% no tiene ninguna conexión. (Programa Estado de la Nación, 2020b, párr. 3) 

Al respecto, es importante acotar que, aunque el celular puede resultar en estos momentos el dispositivo 

más accesible para la población de escasos recursos, éste no se configura como el medio idóneo para el 

aprendizaje y la socialización de materiales educativos. Al analizar estos datos, las brechas que 

experimentan los niños, niñas y adolescentes actualmente pueden estar aún más marcadas, pues en medio 

de esta emergencia nacional ¿qué está pasando con el restante 63% de los hogares más pobres que no 

tienen buena conexión a internet? o ¿con ese 10% que no tiene ninguna conexión?  

En otras palabras, el actual contexto resignifica y profundiza un conjunto de brechas de desigualdad 

preexistentes, las brechas digitales y de capital humano de los hogares en un sentido amplio (educativas y de 

salud psicosocial), que son ya un limitante para equiparar la formación curricular entre todos los NNyA [niños, 

niñas y adolescentes] que continúen estudiando en sus casas. (Secretaría General de los Estados Americanos, 

2020, p. 80) 



 

 

Al respecto, el Programa Estado de la Nación (2020a), llama la atención sobre la importancia de definir las 

condiciones educativas (forma en que están recibiendo la educación) en virtud de las desigualdades 

territoriales existentes en el país. En 2019, en la Región Central, un 67% de la población de 5 a 18 años que 

asisten a la educación posee conexión a internet desde los hogares; sin embargo, la situación cambia 

drásticamente al realizar las comparaciones con Regiones como Caribe, Norte o Brunca, donde la 

conectividad alcanza escasamente el 40%. 

Estas brechas en el acceso a los recursos tecnológicos reflejan las desigualdades territoriales históricas del 

país, asociadas al bajo desarrollo relativo y socioeconómico que ha caracterizado a las regiones de la periferia 

y en el contexto actual, profundizan las diferencias en el acceso a la educación. (Programa Estado de la Nación, 

2020a, párr. 3) 

Lo anterior se agrava si se añade que, en ese mismo año, en la Región Central un 62% contaba con una 

computadora en el hogar, mientras que en otras regiones como por ejemplo en la Región Huetar Caribe, 

ese porcentaje disminuye considerablemente a un 33% (Programa Estado de la Nación, 2020a). 

De acuerdo con Guiselle Cruz, Ministra de Educación, esta brecha digital deja a 324.616 estudiantes fuera 

del acceso a la educación virtual, debido a que no poseen conexión a internet. Si bien, las autoridades han 

realizado esfuerzos importantes por suministrar material para llevar a cabo la educación a distancia, “…si 

es cierto que provocará el ensanchamiento de la brecha digital entre los estudiantes del sistema educativo 

costarricense” (Cruz, 2020, citada por Castro, 2020, párr.8). 

Al respecto, según datos publicados por UNICEF y PNUD (2020), al 1 de agosto de 2020 la cantidad de 

estudiantes con afectación por el cierre total de los centros educativos en Costa Rica, fue significativa. Los 

datos indican que en el caso de prescolar la cifra asciende a 14.344 estudiantes, en primaria 483.770 

estudiantes, y en el caso de secundaria 476.668 estudiantes, para un total de 974.782 estudiantes a lo 

largo del territorio nacional. Esto ha dejado importantes vacíos en cuanto al rol que desempeñan los 

centros educativos como entidades protectoras y lugares de recreación y estímulo social para el 

crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas.  

En lo que respecta a la educación técnica impartida por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la 

suspensión de clases inició el 17 de marzo de 2020, en sus 54 centros de formación, como parte de las 

acciones para mitigar los riesgos de contagio por COVID-19, suspendiendo los servicios de capacitación y 

formación profesional técnica. Sin embargo, 

Durante el primer semestre del año el INA registró 1640 matrículas para diferentes asistencias técnicas.  A 

partir de agosto, además de usar medios no presenciales, se retoma la ejecución presencial, siguiendo un 

protocolo de medidas sanitarias que garantice la seguridad del docente y quienes participan. (INA, 2020a, 

párr.1) 

De esta forma, la educación técnica empezó a retornar paulatinamente a la modalidad presencial, a partir 

de agosto 2020. Durante el periodo de pandemia se han llevado a cabo 475 asistencias técnicas, donde se 

resaltan 15 de forma presencial: 4 en agricultura orgánica y 11 en textil, esta última con importante 

presencia de mujeres. Para todos los demás módulos de formación y capacitación, el INA ha utilizado los 



 

recursos tecnológicos disponibles. Es importante acotar que, durante el mes de julio, el INA indicó que un 

“grupo de estudiantes, por ser de zona rural reciben una ayuda económica para el pago del internet” (INA, 

2020b, párr. 3), y también han apoyado a través de la entrega de computadoras, siendo esta una medida 

afirmativa para la continuidad de sus estudiantes en la formación técnica frente a la brecha de acceso 

digital que vive el país. En ese sentido, vale acotar que la educación técnica es un espacio educativo 

fundamental para el desarrollo y crecimiento laboral de las mujeres (INA, 2020b).  

Por su parte, el tema de la brecha digital también posiciona la necesidad de hacer valer el respeto por el 

derecho a la información de las mujeres que se encuentran en sus hogares, información que debe ser 

accesible y de fácil comprensión para ellas. La Secretaría General de los Estados Americanos (2020) ha 

planteado la necesidad de mantener a las personas informadas a fin de evitar la desinformación por 

noticias falsas, y que puedan estar al tanto, no sólo de lo que pasa a diario, sino de las medidas país que 

se adopten para evitar la propagación del virus. En este sentido, es de suma importancia que la información 

llegue a todas las mujeres sin distinción.  

Según datos publicados por la CIM (2020), la brecha digital coloca a las mujeres en condiciones reales de 

desigualdad, de manera tal que, 

... a nivel mundial, hay 200 millones más de hombres que mujeres con acceso a Internet, y las mujeres tienen 

21% menos posibilidad de tener un teléfono móvil, un recurso clave en países en desarrollo donde los 

teléfonos brindan acceso a seguridad, redes de contención/organización, sistemas de alerta temprana, 

atención de salud móvil y transferencia de dinero. (p.24) 

A lo anterior, se suma la actual coyuntura pandémica y la necesidad/obligatoriedad de los dispositivos 

tecnológicos que se requieren actualmente.  

De acuerdo con las funcionarias de los distintos servicios del INAMU, la brecha digital que experimentan 

las mujeres en las regiones profundiza las desigualdades de género preexistentes, ya que claramente las 

necesidades de contar con habilidades tecnológicas han aumentado, pero las condiciones de las mujeres 

siguen siendo las mismas y hasta podrían haber empeorado. Las mujeres manifiestan sentirse frustradas 

y cargadas emocionalmente por la necesidad de contar con recursos tecnológicos y acceso a internet para 

poder realizar diversas actividades (trabajo, estudio, entretenimiento, trámites ante instituciones, etc.) 

que antes de la pandemia no necesariamente se requerían. Algunas de ellas, no cuentan con los recursos 

mínimos para asumir los gastos que implica el acompañamiento escolar (plan de internet, dispositivo 

electrónico, fotocopias, entre otros) ni con el conocimiento, ya que algunas tienen baja o nula escolaridad 

presentando limitaciones de lecto escritura. Se suma el hecho de que los dispositivos que utilizan, aunque 

son inteligentes, en algunas ocasiones solo permiten un funcionamiento básico, lo que podría afectar el 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Dado este panorama, algunas mujeres optan por “guardar” los 

saldos y limitarse a gastar lo mínimo para que sus hijos e hijas puedan disponer de los mismos y cumplir 

con las tareas asignadas por sus docentes. Todas estas situaciones podrían estar incidiendo en la 

generación de problemas de deserción, ya que apoyar a los niños y niñas en las labores escolares requiere 

de una importante inversión de tiempo y recursos económicos, que podrían no contemplarse como una 

necesidad esencial ante otras necesidades prioritarias como la alimentación, pago de alquiler, recibos de 

electricidad y agua, por ejemplo. 



 

Esta realidad es analizada en el último informe del Programa Estado de la Nación (2020d), donde se 

explicita que parte de los efectos sociales provocados por la pandemia en el ámbito educativo tienen que 

ver con la falta de oportunidades y recursos tecnológicos en los hogares.  

El problema es que ni el personal docente, ni los hogares ni sus miembros estaban preparados para asumir 

este cambio radical en tan corto plazo. La carencia de un acceso universal a conexiones estables de Internet 

en las viviendas, la escasez de una computadora para cada persona que la requiera, junto con las deficiencias 

en la formación del personal docente en temas de educación virtual, han ocasionado que se amplíen las 

brechas en las oportunidades educativas. (p. 285) 

En ese sentido, la brecha digital también se puede percibir en el desconocimiento sobre tecnología que 

poseen muchas mujeres, lo cual repercute en alguna medida en el acceso a los servicios estatales; 

actualmente muchas instituciones públicas están brindando la atención a través de medios virtuales, así 

como el seguimiento a la tramitología. Sin embargo, vale rescatar como un aspecto positivo, que muchas 

mujeres han asumido el reto y han perdido el miedo no solamente a los aparatos tecnológicos, sino al uso 

de herramientas para participar en espacios y procesos virtuales. Es el caso de las mujeres participantes 

del Programa Avanzamos Mujeres (PAM), quienes han mantenido altos porcentajes de participación en 

los procesos de formación humana que se han llevado a cabo a través de la modalidad virtual; incluso se 

ha identificado una menor deserción con respecto a la capacitación presencial previo a la pandemia. 

Asimismo, las mujeres reportan que sus hijos e hijas se han involucrado más en los procesos formativos 

que ellas reciben, a razón de la cercanía que fomentan los medios digitales y la ayuda que ellos y ellas les 

han brindado para aprender y familiarizarse con las plataformas tecnológicas.  

Tal y como se ha expuesto anteriormente, estas condiciones afectaron de manera más severa a las 

poblaciones de estratos sociales más pobres. De acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2020c), 

antes de la intempestiva llegada de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la desigualdad social en 

el país denotaba grandes diferencias y contrastes, por ello “ante el impacto de la crisis, emergen las 

fracturas que dividen a la sociedad” (p. 285), lo que evidencia que las inversiones en política social son 

fundamentales post crisis. 

Entre el 23 de abril y el 15 de mayo de 2020 el Programa Estado de la Nación y el Ministerio de Educación 

Pública realizaron una encuesta en línea a 42.074 docentes de centros educativos públicos de todo el país, 

sobre la modalidad de teletrabajo y educación a distancia. Los resultados muestran que la mayor parte de 

las y los docentes reportan buen acceso a internet (71%), seguido por un 23% con conexión inestable (en 

el que figura el uso del celular); un 6% manifiesta no haber tenido ningún contacto con el estudiantado de 

manera virtual, pues no poseen conexión. Con respecto a este último dato surgen dos grandes vertientes 

de preocupación: por un lado, la cantidad de estudiantes que han dejado de tener contacto con su personal 

docente; por otro lado, la mayor cantidad de docentes que no poseen conexión a internet son mujeres, 

docentes de primaria, con grado académico de licenciatura, y pertenecientes a las direcciones regionales 

de Limón, San Carlos, entre otros.  

Lo anterior, vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la brecha digital en la vida de las mujeres, sean 

profesionales o no, tengan trabajo remunerado o no. La virtualización de la vida cotidiana, ha implicado 

no solamente una sobrecarga para las mujeres, sino que ha exacerbado una desventaja que se ha venido 

arrastrando históricamente. En ese sentido,  



 

Las mujeres adultas también se han visto afectadas por los cambios que se han suscitado en los programas 

educativos, que han demandado que sean las familias quienes acompañen académicamente a los niños y 

niñas; también quienes resuelvan las necesidades económicas derivadas de éstas, como el acceso a internet, 

teléfonos inteligentes y tecnología para hacer frente a las nuevas modalidades educativas. (STM-COMMCA, 

2020, p. 62) 

Lo anterior, se confirma a partir de una consulta realizada por el INAMU a distintos grupos de mujeres, 

quienes han manifestado las dificultades que han experimentado respecto a la educación virtual de sus 

hijos e hijas. Los siguientes son algunos comentarios sobre este tema:  

...para mí fue muy estresante cada vez que se iba la señal [de internet] (…) a mi hija le dio COVID, no podía 

hacer exámenes no le aceptaban trabajos, ella intentó, pero no había como justificar, esto implicó un atraso. 

(Mujer lideresa, participante de grupo focal, 22 de enero 2021) 

… aunque mi hijo sea adolescente siempre hay que estar pendiente de ellos, porque es la etapa más dura. 

Ahora hay que estar detrás por los trabajos del colegio. (Mujer en condición de pobreza, participante en grupo 

focal, 21 de enero 2021) 

… hay materias que nosotros no entendemos y no podemos ni encontrar en Google, porque no sabemos si 

buscamos lo correcto, y a veces los maestros tampoco estaban tan accesibles (…). (Mujer joven, participante 

de grupo focal, 21 de enero 2021) 

La dinámica de las clases virtuales conlleva retos importantes para las mujeres. De manera particular, para 

las mujeres en condiciones de pobreza y de zonas rurales del país, quienes deben enfrentar limitaciones 

importantes en términos de acceso al conocimiento y a recursos tecnológicos. Los siguientes comentarios 

ejemplifican la compleja situación que enfrentan estas mujeres:  

… la gran mayoría de las mujeres que tenemos situaciones especiales, no tenemos acceso a la tecnología, si 

se tiene un teléfono inteligente en la casa no se sabe utilizar. (Mujer rural, participante de grupo focal, 25 de 

enero 2021)  

… las mujeres acá muy muy difícilmente tenemos primaria, eso agrava la situación, por lo menos en las zonas 

costeras. (Mujer en condición de pobreza, participante de grupo focal, 22 de enero 2021) 

Esta preocupación por las responsabilidades escolares acompañó a las mujeres durante todo el 2020, pues 

las clases virtuales y a distancia se sostuvieron hasta el 23 de diciembre, fecha en que se dio por finalizado 

el curso lectivo 2020 (MEP, 2020). En 2021 dicha preocupación persiste y se suma la incertidumbre 

respecto a cómo se adaptarán las y los estudiantes al retorno a clases presenciales según lo dispuesto por 

el MEP, y los nuevos retos que esto implica para las familias. 

Las autoridades estatales en coordinación interinstitucional posicionaron la necesidad de que niños, niñas 

y jóvenes volvieran paulatinamente a las aulas. Al respecto, el MEP diseñó un abordaje del servicio 

educativo ante el Covid-19 (2020-2021), mediante la estrategia “Regresar”, cuyo objetivo está enfocado 

en "garantizar un retorno a las clases presenciales de manera paulatina, en un entorno seguro y con el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos por las autoridades nacionales de salud vinculantes con 

educación" (MEP, 2021, p. 5). Lo anterior permitirá el regreso a clases de manera presencial a partir del 08 

de febrero de 2021 bajo un modelo combinado, lo que implica unos días presenciales y otros a distancia.  



 

En relación con la presencialidad, los centros educativos deben respetar los protocolos sanitarios, con una 

serie de accesos básicos (a agua, electricidad, servicios sanitarios, lavamanos) para evitar una orden 

sanitaria de cierre. La modalidad combinada implica un rol mediador de la persona docente, ya que en las 

clases presenciales se debe plantear y clarificar la materia de modo que durante las clases a distancia se 

cuente con las condiciones educativas y la información necesaria para avanzar, sin dejar de lado que la 

comunicación e interacción entre las partes continúa siendo importante. La estrategia “Regresar” cuenta 

con campañas informativas para que la población estudiantil, personas encargadas y el funcionariado 

involucrado, conozcan los protocolos establecidos.  

Un elemento fundamental para volver a la presencialidad lo constituye el propio derecho a la educación 

de las personas menores de edad, el cual debe disfrutarse de manera irrestricta y sin limitación; en otras 

palabras, 

Tras un año atípico, donde el curso lectivo se desarrolló a distancia mediante herramientas virtuales y algunos 

por medio de material impreso, ante la limitación de poder acceder a un equipo tecnológico y conexión 

estable, Guiselle Cruz, Ministra de Educación Pública ha insistido en que el regreso a la presencialidad es 

impostergable. (Castro, 2021, párr. 3) 

A pesar de las demandas propias que ha suscitado que se retorne a la presencialidad en los centros 

educativos, la OMS (2021, citado por AFP, 2021) expone que “varios estudios han demostrado que la 

reapertura de las escuelas no había correspondido a aumentos significativos de transmisión” (párr. 4), 

siempre que se garanticen las medidas de prevención adecuadas. Por otra parte, según la Asociación de 

Centros Educativos Privados (ACEP) del país, aproximadamente el 70% de la población estaría retornando 

de manera presencial a los centros educativos; en palabras de la Vicepresidenta del ACEP, Sra. Beatriz 

Ramírez:  

La educación presencial ha sido una necesidad latente y por dicha, esto se logró concretar. Conversamos 

mucho al respecto con los asociados y se ha determinado que la población que tiene más resistencia a 

incorporarse son los que tienen edades de 6 a 9 años, que muchas veces sus padres quieren que se mantengan 

en la virtualidad, pero no es la mayoría. (Pizarro, 2021, párr. 3) 

Parte fundamental del estudio de las afectaciones directas de las mujeres relacionadas con la esfera 

educativa, es indagar sobre su vivencia en torno al acompañamiento escolar de las personas menores de 

edad desde el inicio de la pandemia, con la modalidad de educación virtual y a distancia, hasta la 

reactivación de algunos días de clases presenciales a partir de febrero de 2021. En este sentido tras la 

consulta a diversos grupos de mujeres, es posible reconocer que el acompañamiento al proceso educativo 

de los niños y niñas y demás personas dependientes a su cargo ha representado una sobrecarga para ellas 

y un importante desgaste físico y emocional. En palabras de las participantes: 

Me sentí muy sola en el proceso. (Mujer en condición de pobreza, participante de grupo focal, 21 de enero 

2021). 

He tenido que dividirme: madre y maestra de dos niñas. (Mujer rural, participante de grupo focal, 25 de enero 

2021) 

 



 

El recargo de trabajo a todas las que tenemos hijos e hijas pequeños en la escuela y en el colegio fue todo un 

caos. (Mujer empresaria, participante de grupo focal, 11 de febrero 2021) 

Yo tengo 5 chiquillos que están estudiando, es muy duro este sistema de educación. (Mujer migrante, 

participante de grupo focal, 16 de febrero 2021) 

Los relatos de las mujeres denotan impactos en la esfera familiar, ya que, se dio un aumento de conflictos 

familiares (peleas, regaños, gritos) debido a las nuevas dinámicas de convivencia en los hogares, así como 

por las clases virtuales o a distancia que recibían algunas personas de su núcleo familiar; incluso indican 

haber escuchado gritos en los hogares vecinos por el estrés que implica organizar los espacios y las 

actividades educativas. Lo anterior, según las vivencias de las mujeres, formó parte de los factores 

estresores en la dinámica de educación en casa que permeó en la relación madre-hijos/as, quienes fueron 

las que asumieron, en mayor medida, las labores de acompañamiento escolar en esta nueva modalidad 

educativa. Esto se ilustra a través del siguiente comentario: “yo tengo una adolescente, pero oía a mamás 

que regañaban a sus hijos porque no sabían cómo ayudarlos” (Mujer afrodescendiente, participante de 

grupo focal, 18 de febrero 2021). 

Sumado a lo anterior, particularmente las mujeres indígenas y las mujeres migrantes refieren a las pocas 

herramientas de lectoescritura con las que cuentan las personas adultas para apoyar a los niños y a las 

niñas en sus responsabilidades escolares; incluso ellas mismas indican que se sienten responsables de 

garantizar que las personas menores a su cargo cuenten con el conocimiento que exige el nivel educativo 

que cursan, convirtiéndose en una tarea que han asumido en soledad y con muy pocos recursos 

personales. Esta situación deja entrever cómo las desigualdades existentes para el pleno ejercicio del 

derecho a la educación de los grupos más vulnerables se agudizan y complejizan en un momento histórico 

en el que la tecnología está permeando prácticamente todos los espacios sociales, entre ellos el ámbito 

educativo. El acompañamiento escolar ha recaído principalmente en las mujeres, y con ello la necesidad 

de brindar opciones educativas y de capacitación para su pleno desarrollo y autonomía, que les permita 

actuar con independencia y hacer frente a los desafíos actuales que implica la virtualidad de los procesos 

educativos.  

Se dificultó mucho por el sistema de tecnología, esa plataforma TEAMS pedía contraseñas del MEP y era todo 

un proceso y para las personas en la casa que no tienen estudio y con poquito estudio apenas entendían, el 

internet vino a incursionar en la vida de todas nosotras las madres de familia, si los chiquillos no entienden 

que son más tecnológicos que nosotras, imagínese con lo de ir a retirar las guías de trabajo, en las primeras 

tres guías eran digitales, luego las físicas porque se dieron cuenta que muchos no tenían internet, este cambio 

nos ha afectado. (Mujer migrante, participante de grupo focal, 21 de enero 2021) 

…mejorar el proceso de enseñanza en educación, ya que se debe hacer un uso correcto de la tecnología y 

debemos de capacitarnos mejor para ayudar de una mejor forma a nuestros hijos. (Mujer indígena, 

participante de grupo focal, 11 de febrero 2021) 

Otro aspecto que se relaciona con este recargo en la vida de las mujeres es el limitado tiempo libre con el 

que cuentan para atender asuntos personales, siendo que el apoyo educativo que están brindando en 

estos momentos, implica una importante inversión de tiempo con un alto costo a nivel personal, tal y como 

lo exponen las siguientes participantes: 

 



 

Yo le digo al profesor que regresé a cuarto de la escuela, porque mi hijo no me quería ayudar en nada, el de 

cuarto grado me sacó las canas, me desvelaba, buscaba en internet, mientras mi hijo dormía. Yo tenía que 

leer y aprender la materia en la noche para que al siguiente día poderle explicarle a él. (Mujer 

afrodescendiente, participante de grupo focal, 18 de febrero 2021) 

Tiene que haber otra persona que esté ahí en la casa para poder ayudar a los hijos, porque si uno se enfoca 

en el hogar o en los hijos, no puede hacer otra cosa. (Mujer trabajadora doméstica, entrevista, 1 de diciembre 

2020) 

Antes dejaba a mis hijos en la escuela y tenía tiempo para otras cosas, pero ahora hay qu